“El PSOE mantiene una posición carroñera al querer manchar el nombre de Murcia a través de su Ayuntamiento para desviar la atención sobre su responsabilidad en la crisis económica que asola el país”, argumentó la ‘popular’.

   Y es que, advirtió, “las declaraciones en los últimos días desde el PSOE municipal constituyen un nuevo intento de engañar y confundir a los murcianos, mintiendo sobre cuestiones en las que la Justicia ya le ha quitado la razón”.

   Así, recordó que el Grupo Socialista formuló en su día una doble denuncia, por una parte, la infravaloración de la compensación económica efectuada por el Consistorio en detrimento del interés general; y por otra, el incremento de viviendas en las zonas. Sin embargo, ha señalado la concejal, “el PSOE evita ahora recordar que en ambos casos los tribunales concluyeron que la tramitación urbanística había sido impecable”.

EL PSOE VOTÓ A FAVOR PROYECTO NUEVA CONDOMINA

   Respecto al convenio de Nueva Condomina, el PSOE “parece olvidar” que votó a favor del mismo. Y no sólo eso, destacó Fuentes, sino que “lo aplaudió y lo puso como ejemplo para futuros convenios”.

   Según consta en acta, en su intervención, el entonces portavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia, José Salvador Fuentes Zorita, manifestó, entre otras cosas, que “cuando he dicho que el Ayuntamiento obtiene unos recursos superiores a los que hubiera obtenido aplicando las cesiones legales es porque los han calculado a la peseta y con varias hipótesis; en cualquiera de ellas, lo que recibe el Ayuntamiento es más del doble de lo que recibiría aplicando el aprovechamiento legal”.

   El portavoz añadió entonces, según la portavoz del Grupo Popular, que “ya nos gustaría que todas las operaciones urbanísticas que se están desarrollando o que se van a desarrollar, lo sean con la transparencia de éstas y que aportaran un beneficio que supusiera la mitad del que aporta esta operación”.

RESOLUCIONES

   Las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia confirmaron, por partida doble, la plena validez del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, incluyendo la ordenación de la zona Norte, y muy detalladamente el convenio urbanístico del que se derivó el correspondiente plan parcial Nueva Condomina, aprobado con los votos favorables del PP y PSOE.

   La Resolución del Tribunal de Cuentas, por otra parte, se centró en aclarar si el Ayuntamiento había realizado valoraciones a la baja del precio de los terrenos. El PSOE denunció al respecto que le preocupaban “las valoraciones a la baja que se hayan podido realizar porque, de ser así, el Consistorio murciano está dejando de ingresar cientos de millones de euros que se quedan sin cobrar y, por tanto, millones de inversiones que la ciudad necesita y se quedan sin financiar en perjuicio de los ciudadanos”.

   El PSOE también aseguró que el Ayuntamiento ingresará unos 162 millones de euros por los convenios “cuando podría ingresar centenares de millones de euros”. Exactamente, el PSOE calculaba que la cifra ascendía a 794.770.667,33 euros.

   El Tribunal de Cuentas, sin embargo, concluyó que, “de modo inequívoco y manifiesto, la inexistencia de supuesto alguno de responsabilidad contable” en los convenios de la zona Norte, condenando en costas al concejal socialista que interpuso la denuncia.

   La defensa del Ayuntamiento de Murcia en este proceso se articuló sobre diversas cuestiones como que el Ayuntamiento de Murcia alegó que el único y exclusivo apoyo que sustentaba la denuncia del PSOE era un informe de Arquitasa, que cometía el error de considerar el suelo como urbanizable sectorizado cuando en realidad se trataba de suelo urbanizable sin sectorizar.

   Así como que el PSOE no advertía el componente de carga que conlleva la cesión económica, sino que lo iguala erróneamente con las parcelas edificables correspondientes al 10% de aprovechamiento que los propietarios deben ceder al municipio; que Arquitasa realizó la tasación cuando se encontraba suspendida para prestar servicios de tasación debido a una infracción grave sancionada por el Ministerio de Economía y Hacienda y confirmada por el Tribunal Supremo con fecha 11 de mayo de 2006.

   El Ayuntamiento advertía además que en los expedientes de los convenios se habían utilizado, no sólo las valoraciones del arquitecto municipal, sino otras realizadas por otras empresas de tasación, algunas de las cuales presentaron una valoración inferior a la establecida en los convenios. Y que el valor medio de todas las tasaciones, salvo la de Arquitasa, era de 116,45 euros/metro cuadrado.

TOTAL TRANSPARENCIA

   Todas estas sentencias, a juicio de Nuria Fuentes, “avalan la plena legalidad del Plan de Ordenación Urbana de Murcia (PGOU) y, en concreto y de forma especial, los convenios urbanísticos ahora cuestionados”. De esta forma, a la luz de los textos legales, “se deben rechazar por impertinentes, insidiosas e inciertas las afirmaciones realizadas por el Partido Socialista”.

   “Las mismas sentencias evidencian que no se ha favorecido a los propietarios de los terrenos y que no se han permitido más edificaciones de las legalmente establecidas o en lugares o suelo no permitidos por ser de uso forestal o protegido”, afirma.

   Fuentes comunica que las sentencias, “de manera inequívoca”, establecen conclusiones como que el suelo cuya transformación fue objeto de los convenios era -antes y después de haberse firmado dichos convenios- suelo urbanizable con sistemas adscritos para su cesión e incorporación al dominio público.

   El convenio de Nueva Condomina se ajusta a la Ley y no supone “reserva de dispensación” ni “desviación de poder”, tal y como sostenía el PSOE. El sistema no excluye su aplicación a otros promotores  distintos de Nueva Condomina, al afectar “a más de nueve millones de metros cuadrados, por lo que carece de base imputar a la administración la elección del terreno en aras de un promotor concreto”.

   Los convenios urbanísticos son un mecanismo de ordenación del suelo previsto en la normativa del PGOU desde el año 2001 o que el incremento de edificabilidad no se produce por el convenio urbanístico, sino que está prevista en el PGOU con un límite máximo de 0,5m2m2.

   Concluye que “cualquier manifestación a cuestiones ya juzgadas supone un ataque gratuito a la credibilidad del Ayuntamiento y de la propia ciudad, cuando el PSOE tiene como único objetivo conseguir, mediante la difamación y la calumnia, lo que no ha logrado conseguir con las urnas”.

   Y, en este caso en concreto, añade, “se atreve incluso a contradecirse en sus propios argumentos ya que, en su día, no sólo votó a favor de la figura de los convenios urbanísticos -con mención expresa a Nueva Condomina-, sino que los recomendó como un instrumento válido de gestión”. Los ciudadanos, apuntó, “no van a entender este tipo de política y esta forma de actuar y al final serán castigados”.

Fuente: EP

El Alcalde Cámara ha reiterado, una vez más, que existe una total colaboración por parte del ayuntamiento y que espera que esta situación se resuelva cuanto antes, “tanto desde el punto de vista de la presunción de inocencia como de la credibilidad y honorabilidad de la institución que me honro representar”.

El Ayuntamiento de Murcia, según ha manifestado el Alcalde, en lo que respecta a la tramitación administrativa de los desarrollos del norte, “no sólo ha procedido de acuerdo con los criterios jurídicos de ajustada legalidad, como no podía ser de otra manera, sino que existen sentencias del TSJ que avalan que nuestra previsión de planificación urbanística se ajusta a la legalidad vigente”.

Miguel Ángel Cámara ha declarado que, “por encima de todo, ocurra lo que ocurra, lo importante reside en la credibilidad del Ayuntamiento de Murcia como institución y debe generar confianza en los ciudadanos”. “Nos encargaremos de que esa confianza la puedan percibir. Todos los actos desarrollados son actos de acuerdo con la legalidad”, ha concluido el Primer Edil.

Como dice un post de otra página: Esto olía fatal desde que se supo que era el fiscal jefe en persona el que estaba llevando la acusación. Esto podía significar o un interés desmedido en el caso, o que ninguno de sus subalternos se quiso hacer cargo, o las dos cosas. Ahora el juez lo confirma imponiendo unas fianzas casi simbólicas  porque, sabiendo que había tanta gente husmeando en el asunto, si hubieran tenido algo que temer se habría largado hace mucho, y si hubiera papeles comprometedores los habrían destruido hace meses. El juez parece que le está echando una mano al fiscal imponiendo “algo” de fianza, porque a estas alturas quedaría fatal que los dejara libres sin tener que soltar un euro. Como curiosidad, compárese lo que ha impuesto el juez con lo que pedía el fiscal. ¡Más claro, agua!

“Asistimos estupefactos en los últimos días a un ataque dirigido desde el Diario La Verdad contra el Real Murcia, el Ayuntamiento de Murcia (incluidos los Grupos Municipales del PP y del PSOE) y hasta la aficción. Porque este diario sostiene que hubo trato de favor en el convenio urbanístico de los propietarios del club.

Esta postura es la que han mantenido algunos redactores de este periódico desde hace años, aunque ahora utilizan la mala marcha del equipo para resucitarla. Sin embargo, obvian que existen dos sentencias que avalan la legalidad del proyecto.

El Tribunal Superior de Justicia confirmó la plena validez del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, incluyendo la ordenación de la zona norte, y el convenio urbanístico del que se derivó el correspondiente plan parcial Nueva Condomina, aprobado con los votos favorables del PP y PSOE.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, de 16 de junio de 2006, relativa al Convenio urbanístico “Nueva Condomina” reitera la plena legalidad del Plan General de Murcia, confirmando otra sentencia anterior, del mismo Tribunal, relativa a la ordenación urbanística de la zona norte de la Ciudad, en la que se desarrollan diversas actuaciones en suelo clasificado como urbanizable y donde se ubica el Centro Comercial “Nueva Condomina”.

La Sentencia reconoce la plena validez del mecanismo urbanístico de ordenación del suelo y asignación de edificabilidad que fue definitivamente aprobado por la Comunidad Autónoma en 2001, señalando que el mismo se ajusta a la Ley y que no supone “reserva de dispensación” ni “desviación de poder”, tal y como sostenía el
recurrente. Asimismo, indica que el sistema no excluye su aplicación a otros promotores distintos de Nueva Condomina, al afectar “a más de nueve millones de metros cuadrados, por lo que carece de base imputar a la administración la elección del terreno en aras de un promotor concreto”.

Así las cosas, ¿qué busca La Verdad con estos ataques? Por desgracia, la única respuesta es hundir al Real Murcia, a un equipo al que nunca han apoyado y al que sólo prestan atención cuando se genera -o fuerzan desde el propio medio que así sea- un escándalo. La historia le pedirá cuentas a un diario que no ha sabido llevar con dignidad sus cien años de existencia y que, sin lugar a dudas, lo utilizan algunos de sus periodistas para dañar la imagen de la Región.

Hasta aquí bien; pero se olvida el señor Navarro que hasta la llegada al poder del PP murciano –las cosas como sean- Murcia sólo tenía un triste zoológico en la rotonda de acceso a la autovía desde El Malecón. Eran una serie de corrales donde los animales perecían a menudo de calor y sed. Y ahora que tenemos un zoo como Dios manda, pues como hay que cargarse a Murcia, se critica. Claro que no habla de los 50 puestos de trabajo directos y de las miles de visitas anuales. Eso son otros López…

Y a continuación aseguró que el gabinete socialista no ha hecho "nada" en materia de agua, una palabra que coreó repetidas veces su público desde las gradas, donde se podían ver varios carteles en los que se leía "Pacto del Agua de Aragón". "Sí lo sabe todo el mundo. No ha hecho nada, no ha resuelto nada, no se ha dedicado a hacer nada y su programa para el futuro es nada", exclamó.

Al menos,  sus últimos tejemanejes están sirviendo para que nadie tenga dudas acerca de la catadura moral del personaje. Primero, cuando nos engañó inventándose un compromiso sobre la implantación de un nuevo trasvase desde Extremadura que aseguró haber obtenido del Gobierno, cuya ministra del ramo se encargó inmediatamente de desmentir, a la vez que se apropiaba de una idea del presidente Valcárcel; y segundo, y ya puestos a birlar iniciativas ajenas, al presentar unilateralmente una proposición no de ley redactada íntegramente por el PP. Y todo por intentar salvar su cara, que ha demostrado tenerla como el mármol, en vísperas de la manifestación en defensa del Tajo-Segura.

Qué bien se está retratando estos días el susodicho… Difícilmente se puede ser más desleal.

El trasvase Tajo-Segura es un instrumento fundamental y básico para el progreso económico de la Región de Murcia, consolidado por la democracia española hasta que Zapatero decidió acabar con el Plan Hidrológico Nacional que contemplaba el trasvase del Ebro. Con ello, se empezó a poner en duda la viabilidad de cualquier acueducto y, por tanto, la supervivencia del Tajo-Segura. Ahora nos amenaza una reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, impulsada por el Gobierno socialista de Barreda, que pretende ponerle fecha de caducidad.

De toda esta alarmante situación hay un claro corresponsable: Pedro Saura, el todavía líder de los socialistas murcianos, que votó a favor de la derogación del Ebro y de la sustitución del agua del trasvase por la desalinización. Por mucho que ahora quiera apropiarse de ideas ajenas, como la del trasvase desde Extremadura, e incluso pretenda engañarnos con compromisos que el Gobierno de su propio partido desmiente, no logrará desviar la atención. Los murcianos sabemos muy bien quiénes son los culpables de que se nos prive del agua que necesitamos.